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Sector construcción vaticina Ley de Modernización Fiscal podría reducir venta de viviendas en alrededor de 56%

Sector construcción vaticina Ley de Modernización Fiscal podría reducir venta de viviendas en alrededor de 56%

SANTO DOMINGO.-  Un grupo de asociaciones vinculadas al sector construcción dominicano, consideró este lunes que la posible entrada en vigencia del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, reduciría en alrededor de 56% la venta de viviendas en la República Dominicana.

En rueda de prensa los líderes de las agrupaciones expusieron que la reforma fiscal sometida por el gobierno al Congreso Nacional, generaría una reducción de aproximadamente 77,000 millones de pesos de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos negativos al Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción de más de 115,000 empleos.

“Todos estos factores, en conjunto con la adición de impuestos al alquiler de renta corta, provocarán un desplome de la demanda de viviendas, disminuyendo las ventas en aproximadamente 56%, lo cual motivaría una reducción de alrededor de 77,000 millones de pesos de la inversión en nuevos proyectos, provocando impactos negativos al Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción de más de 115,000 empleos”, consideraron los empresarios.

De acuerdo al comunicado de las entidades, dichas estimaciones se basan en escenarios conservadores sustentados en datos del año 2023, extraidos del Boletín de Estadísticas de Solicitud y Expedición de Licencias de Construcción de Viviendas y Edificaciones del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

Las organizaciones que se pronunciaron sobre la reforma fiscal fueron la Asociación de Promotores y  Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici);  la Asociación de Desarrolladores y Constructores de la Altagracia (Adecla), Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), quienes expresaron  sentirse preocupados por el retroceso de décadas que podría generar el proyecto fiscal en el sector viviendas, particularmente en el acceso a la vivienda asequible.

Representantes de las instituciones. (Fuente externa).

“Tan solo como resultado de eliminar la tasa diferenciada de ISR de los fideicomisos de vivienda, el precio de la vivienda aumentaría en aprox. 12.5%. A estos aumentos se adicionaría un 18% de incremento por gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la venta de viviendas, por la inclusión de ese impuesto al transporte y a bienes no industrializados como los agregados, y por el aumento del 50% a las retenciones realizadas a la mano de obra. Es decir que esta reforma fiscal resultaría en un aumento total del precio vivienda mayor al 30%”, destaca el comunicado.

Agrega que el 59% de los proyectos de Vivienda de Bajo Costo (VBC) saldrían de su actual calificación, provocando que los compradores pierdan el acceso al bono de Vivienda de Bajo Costo, llevándose de encuentro los planes de vivienda social que promueve el mismo gobierno, lo que significa que 6 de cada 10 familias dominicanas quedarían descalificadas por no contar con los recursos necesarios para solventar estos aumentos, alejando el sueño de miles de dominicanos de tener una vivienda digna.  

“A esta difícil situación se agrega que los precios de los alquileres subirían debido a una reducción importante de la oferta de viviendas para estos fines, y a un incremento significativo del costo para los propietarios, como resultado de la disminución de la base del IPI de 9 millones a 5 millones, y de la revalorización de inmuebles”, abundan las entidades.

Sostienen que tal escenario supondría una irreparable disminución de la construcción de viviendas en los próximos años, deteniendo drásticamente los avances alcanzados en la reducción del déficit habitacional de nuestro país gracias al fideicomiso.

“Ante este desolador escenario para la vivienda, Acoprovi y el sector unido de la construcción, solicitan que se revise el paquete de medidas fiscales con el fin de mitigar los efectos adversos sobre el sector vivienda, asegurando así que los esfuerzos por modernizar la economía, no comprometan el derecho constitucional del acceso de los ciudadanos dominicanos a una vivienda. Como sector estamos comprometidos a colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones a través del diálogo constructivo”, concluyen.

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